Página 12 - 28 de junio de 2010

Sudáfrica, un paso por delante

Sancionada en 1997, la ley que hace legal el aborto hasta la semana 12 logró bajar los niveles de mortalidad materna por aborto inseguro hasta en un 91 por ciento. La ley contempla el acceso de las más jóvenes sin el consentimiento de sus padres.

Por Mariana Carbajal

“¿Sabías que en Sudáfrica las mujeres pueden abortar desde el primer trimestre sin ser criminalizadas por su decisión?” El dato se expandió en los últimos días como un virus imparable a través de un correo electrónico que llegó a infinidad de destinatarios. Con la simpática imagen de Zakumi, el leopardo de pelo verde, mascota del Mundial de Fútbol 2010, el e-mail permitió dar a conocer un aspecto poco difundido del país anfitrión. En Sudáfrica el aborto es legal desde 1997. A partir de entonces, el país redujo la mortalidad materna por aborto inseguro en un 91 por ciento, según un estudio publicado en el South African Medical Journal. Página/12 consultó a expertas del país africano para indagar sobre cómo fue el proceso que derivó en la reforma legal, cuáles han sido los obstáculos para su implementación y qué impacto tiene en la vida de las mujeres.

“Una de las razones por las cuales opté por proporcionar (servicios de aborto) es porque vi a las mujeres morir a causa de abortos clandestinos. Llegaban con ganchos colgando del cérvix y perdían el útero a consecuencia de una infección generalizada. Un caso que nunca olvidaré es el de una joven que se había disparado en el abdomen para librarse de un embarazo no deseado. Quiero hacer hincapié en el hecho de que estamos salvando vidas”, dice la sudafricana Elizabeth Serobe, partera profesional de la pequeña provincia de Gauteng, cuya capital es Johannesburgo. El testimonio de Serobe aparece en el sitio web de Ipas, una ONG que trabaja a nivel mundial –en países de Africa, Asia y América– para aumentar la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y para disminuir la tasa de muertes y lesiones relacionadas con el aborto. Ipas Sudáfrica –su sede está en Johannesburgo– participó activamente en la defensa de la reforma que legalizó el aborto.

El correo electrónico que da cuenta de la ley sudafricana lleva la firma del grupo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, una ONG que gestiona en la Argentina la línea “Aborto: más información, menos riesgo” (15-6664-7070), desde donde se ofrece asesoramiento sobre el uso de la droga misoprostol para la interrupción de un embarazo no deseado. En momentos en que en la Cámara de Diputados de la Nación hay dos proyectos de ley que despenalizan y legalizan el aborto en el primer trimestre de gestación, y que podrían empezar a debatirse próximamente, es interesante conocer la situación en otros países.

La Ley de Decisión Voluntaria de Interrupción del Embarazo (Choice on Termination of Pregnancy, conocida por su sigla CTOP) fue sancionada en 1996 y entró en vigencia en febrero de 1997. Desde ese año, en 22 países se modificaron las leyes de aborto. En 17 naciones (8 de ellas africanas) y en ciudades de otras dos se redujeron las restricciones y en tres (Polonia, El Salvador y Nicaragua) se endurecieron, al punto que en los dos países centroamericanos ni siquiera está permitido cuando corre riesgo la vida de la mujer.

“La ley en Sudáfrica es muy progresista. Permite no sólo el aborto hasta la semana 12 de gestación y por un amplio conjunto de razones en el segundo semestre, sino que además contempla el acceso de las jóvenes sin el consentimiento de sus padres y autoriza a las parteras y enfermeras a llevarlo a cabo”, explicó a este diario Barbara Klugman, cientista social, activista por los derechos sexuales y reproductivos y cofundadora de Women Health Project de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo.

El proceso que desembocó en la reforma legal fue “complejo y multifacético e involucró la participación de investigadores, activistas, grupos comunitarios, representantes políticos y líderes religiosos. Luego de que el apartheid fuera desmantelado, la elección de un nuevo gobierno sudafricano en 1994 formalizó el énfasis creciente del país en los derechos humanos y la igualdad”, señala el estudio “Aborto a nivel mundial. Una década de progreso desigual”, recientemente publicado por el Instituto Guttmacher, de Nueva York. Las militantes por los derechos de las mujeres hicieron hincapié en la atención de la salud reproductiva y en la autonomía personal, desde un enfoque de derechos. Fue el germen para la aprobación de la reforma. En 1994 más de 400 mujeres habían muerto como consecuencia de abortos inseguros, de acuerdo con una investigación del Medical Research Council of South Africa. Otro estudio concluyó que antes de que se reformara la legislación de aborto, las mujeres que llegaban a los hospitales públicos del país con cuadros de abortos incompletos constituían casi la mitad de casos de ginecología y obstetricia. “La difusión de estos resultados contribuyó a ampliar la conciencia del público acerca de las consecuencias negativas del aborto inseguro para las mujeres y sus familias”, comenta la investigación.

En 2004 se aprobó una enmienda a la CTOP, que mejoró la ley y apuntó a garantizar una amplia disponibilidad de los servicios de interrupción del embarazo, que todavía no llegaban a las zonas rurales: la normativa autorizó a las provincias, a través de sus consejos ejecutivos de Salud, en lugar del Ministerio de Salud nacional, para designar establecimientos donde se proporcionaran servicios de aborto; permitió que enfermeras diplomadas y adecuadamente capacitadas practicaran los procedimientos en el primer trimestre de gestación; y tipificó como delito la práctica de una interrupción de embarazo en un establecimiento no autorizado.

Pero sectores fundamentalistas, opositores a la ley, alzaron su voz: en 2005, el capítulo Sudafricano del grupo internacional antiaborto Médicos por la Vida, cuestionó la Enmienda y llevó el tema ante el Tribunal Constitucional. Argumentaron que el Parlamento no había cumplido con su obligación constitucional de facilitar la consulta pública. En realidad, más que a la Enmienda, las objeciones estaban dirigidas a la ley original. En agosto de 2006, el tribunal les dio la razón y ordenó que se hicieran audiencias públicas. El 17 de enero de 2008, una abrumadora mayoría del Parlamento nacional aprobó la Ley de Enmienda de la CTOP, después de abrir la discusión en una serie de audiencias públicas llevadas a cabo por ambas cámaras: 266 parlamentarios votaron a favor del proyecto, 52 en contra y 12 se abstuvieron.

Actualmente, Ipas es la única ONG en el país centrada exclusivamente en la atención del aborto. Además, los hospitales públicos brindan el servicio, pero todavía persisten trabas en muchos de ellos, promovidas por jefes o personal médico que se oponen al aborto. De los 253 centros de salud designados para brindar el servicio, sólo entre el 15 y 25 por ciento lo están ofreciendo, señaló a Página/12 Karen Trueman, directora de Ipas Sudáfrica.

En el primer año de vigencia de la ley se realizaron 26.401 abortos; en 2009, 77.821, una cifra que oscila anualmente desde hace varios años entre 70 mil y 80 mil intervenciones en centros de salud autorizados, precisó Trueman.

“La ley ha tenido un gran impacto sobre la mortalidad materna, pero al mismo tiempo todavía hay abortos clandestinos tanto por el estigma que aún pesa sobre las mujeres que se realizan un aborto y las enfermeras que los practican como por el hecho de que los servicios disponibles no son suficientes”, señaló a este diario Klugman, quien durante cuatro años fue la responsable del programa de sexualidad de la Fundación Ford en Nueva York y hace casi un año está de regreso en Sudáfrica. Trueman coincide: “Las mujeres pobres y jóvenes están todavía en situación vulnerable y tienen que recurrir a proveedores ilegales y a abortos inseguros”, comentó. Investigaciones indican que se producen dos abortos inseguros por cada aborto seguro realizado. Con las limitaciones que persisten en la implementación de la reforma legal, de todas formas, el impacto en la salud de las mujeres ha sido enorme: la mortalidad por aborto inseguro se redujo en Sudáfrica en un 91 por ciento entre 1998 y 2001, lo que demuestra que ha resultado muy exitosa en la promoción de la salud de las mujeres y sus derechos, concluyeron en un estudio publicado en el Sudafrica Medical Journal (95 (4):250. 2005) las investigadoras Raquel Jewkes, del Medical Research Council, de Pretoria, y Helen Rees, del departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Baragwanath, de Johannesburgo.


Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-148421-2010-06-28.html

Diario La Unión - Lomas de Zamora

Por un proyecto que contemple la salud de las mujeres

Miembros de las comisiones de Salud y de Legislación y Peticiones discutieron sobre la aplicación del protocolo de aborto no punible y los casos de violencia doméstica. Miembros de las comisiones de Salud y de Legislación y Peticiones del Concejo Deliberante de Esteban Echeverría se reunieron ayer para debatir sobre un proyecto impulsado por la agrupación Libres del Sur. Los puntos a tratar fueron el aborto no punible, la violencia doméstica y la difusión masiva de la línea “Más información, menos riesgo”, destinada al asesoramiento de mujeres en cuestiones de salud reproductiva.

Una de las propuestas de la agrupación está referida a la violencia ejercida contra la mujer por el sistema de salud. El proyecto -que fue girado a la Secretaría de Salud- consiste en detectar los casos en donde la mujer haya sufrido actitudes violentas. Para visualizar cada situación proponen entregar una planilla con preguntas sencillas que respondan las mujeres. De esa manera, las organizaciones y las autoridades municipales contarían con un mapeo de las principales causas y tipos de violencia producido en el ámbito.

La coordinadora de Libres del Sur en Esteban Echeverría y concejala, Grisel Tarsia, resaltó que “el propósito de la iniciativa pretende involucrar a los centros de salud para generar una estadística y trabajar en conjunto” para generar así un mayor interés sobre la concreción de medidas preventivas.

Otro de los puntos del proyecto incluye el pedido de implementación del protocolo del aborto no punible en Esteban Echeverría, ya que actualmente el ejercicio de la práctica en forma clandestina genera la muerte de cientos de mujeres, además de la judicialización de los casos. Por esta cuestión se labró un despacho por unanimidad, para que la propuesta sea aprobada.

El tercer punto tratado en esta reunión consistió en la posibilidad de masificar la difusión de la línea “Más información, menos riesgo”. Se trata de un teléfono celular que funciona desde hace un año y medio, durante las 24 horas, e intenta responder a las preguntas frecuentes de mujeres que consultan sobre cuestiones de aborto y sexualidad responsable. El número es 1566647070.

Tarsia hizo hincapié sobre la idea de que “se trata de una línea que no pretende justificar el aborto e incentivar a estas prácticas, sino que intenta dar información bajo el criterio de la reducción de riesgo en cuestión de abortos y salud reproductiva”. Actualmente la línea asesora y recoge estadísticas sobre las principales consultas y el grado de información que tienen sobre el servicio.

Por otra parte, el proyecto impulsado por Libres del Sur propone rever cómo se está llevando adelante la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en los hospitales de la zona, sobre todo enfatiza sobre la distribución de anticonceptivos. Para esto, la agrupación solicitará un informe a la Secretaría de Salud de ese distrito.

Por otra parte, el concejal del bloque vecinalista Pablo Losada, afirmó que este tema se tratará el martes de la semana que viene en sesión, junto al otro tema de importancia por estos días: el aumento de las tasas municipales en un 24 por ciento.

Fuente: http://www.launion.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2188:por-un-proyecto-que-contemple-la-salud-de-las-mujeres&catid=54:politica-regional&Itemid=136&lang=es

LyFDA

Segunda jornada Seminario "Sobre mi cuerpo decido YO!"

Se realizó en el Distrito Centro de la ciudad de Rosario la segunda jornada del Seminario "Sobre mi cuerpo decido YO!, organizado por el Colectivo de Mujeres Las Juanas, Movimiento JUANA AZURDUY contando con la adhesión del CEIM Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre las Mujeres, Maestría El poder y la sociedad desde la problemática de Género de la Fac. de Humanidades y Artes de la Univerdidad Nacional de Rosario.

En esta oportunidad fueron disertantes Daniel Teppaz, Tocoginecólogo, Director de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Prov. de Santa Fe, Verónica y Paloma realizando un informe sobre la experiencia de la Línea Aborto: Más información , Menos riesgos. Coordinó el panel que tenía como eje ¿De qué hablamos cuando hablamos de Aborto?, Paola Bozzini.

El tema de la próxima jornada a realizarse el 30 de junio será "Legalización del Derecho a Decidir" donde contaremos con la participación de Débora Ferrandini, Secretaria de Salud del Ministerio de Salud de la Prov. de Santa Fe y Silvia Augsburguer ex diputada nacional, primera firmante del proyecto de Ley de despenalización del aborto en la Argentina.

"Los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos"

 

MISOPROSTOL

LAS 12

VIERNES, 4 DE JUNIO DE 2010


Salud reproductiva
Uruguay avanza: El misoprostol, presente en las politicas sanitarias

En Uruguay la tasa de mortalidad por abortos inseguros bajó rotundamente desde que el Estado decidió brindar información sobre el uso del misoprostol, así como atención especializada antes y después de su uso. Los doctores Rodolfo Gómez Ponce, Hugo Rodríguez Almada y Rafael Sanseviero explican cómo se está llevando a cabo esta experiencia en el país vecino.

Por Clarisa Ercolano

Según médicos uruguayos, el misoprostol, un abortivo autogestivo, barato y eficiente, “es una revolución tecnológica que baja las complicaciones y muertes por aborto en todo el mundo, porque permite que las mujeres puedan hacerse en sus casas por sí mismas un aborto seguro durante el primer trimestre del embarazo”.

En Uruguay, la tasa de mortalidad y complicaciones causadas por abortos inseguros bajó prácticamente a cero en 2 años a partir de que el Poder Ejecutivo escaló a nivel nacional una política sanitaria implementada en el Hospital Pereyra Rossel de Montevideo: brindar atención de calidad e información sobre misoprostol a las mujeres antes del aborto y atención durante y después. De esta manera se logró además erradicar las clínicas clandestinas de aborto y métodos caseros inseguros. A pedido de los diputados Horacio Alcuaz (GEN), Liliana Parada (Movimiento Proyecto Sur), Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) y Victoria Donda y Cecilia Merchán (Libres del Sur), el presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados convocó a una reunión informativa sobre justicia social, mortalidad materna y aborto con misoprostol basada en la experiencia del hermano país.
La Comisión de Legislación Penal es el que tiene el puntapié inicial del trámite parlamentario sobre los proyectos para legalizar el aborto: antes de poder ser tratados por otras comisiones y por la Cámara en pleno, deberá contar con un dictamen favorable de legislación penal. Por ese motivo, los expertos internacionales Rodolfo Gómez Ponce de León (médico ginecólogo, doctor en Medicina y master en Salud Materno-Infantil), Hugo Rodríguez Almada (médico especialista en medicina legal, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Uruguay, ex miembro de Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo) y Rafael Sanseviero (investigador, ex diputado nacional del Uruguay, ex coordinador de programas médicos de reducción de riesgos y daños por aborto inseguro, integrante de la Red Uruguaya de Autonomías - RUDA) mantuvieron un diálogo con Las 12 y explicaron la experiencia oriental.

¿Cómo logró Uruguay bajar casi a cero la mortalidad causada por abortos inseguros?

–Es parte de un proceso. Quienes investigamos las causas sociales inmediatas de la muerte por sepsis post-aborto de algunas de las mujeres que fallecieron, encontramos en todos los casos los mismos episodios de violencias, soledades y abusos que caracterizan las trayectorias de otros miles de mujeres que abortan y sin embargo no mueren. Un rasgo común hasta 2001 a todas las situaciones de ese tipo, sea que derivaran en muertes o problemas graves de salud, o quedaran como una inscripción dolorosa en la experiencia vital de las mujeres, era el alto nivel de violencia institucional hacia las mujeres en situación de aborto que se desplegaba desde la agencia de la medicina (estigmatización, cultura institucional de rechazo, atención basada en el maltrato y la culpabilización y/o prescindencia del médico tratante, por resumir apretadamente tres niveles clave). El gran cambio que se produjo a partir de 2001 fue que a la sociedad civil y a los actores políticos que demandaban una revisión legal (despenalizar el aborto) se sumó formalmente el discurso de conjunto de agencias clave de la medicina (Facultad de Medicina, Sindicato Médico, Sociedad Ginecotológica). En conjunto formularon una propuesta asistencial que legitimó a la mujer que había abortado o necesitaba hacerlo. Eso se plasmó en una Ordenanza del Ministerio de Salud Pública (en 2004) y luego en una Ley Nacional (en 2008) que establece la obligación de brindar atención e informar sobre los métodos menos inseguros para practicarse un aborto. Explícitamente se menciona el misoprostol entre los métodos “seguros” sobre los que debe informarse, y también explícitamente se prohíbe prescribirlo y, más aún, administrarlo.

Las preguntas inmediatas son: ¿se cumple esa ley? ¿Influye de alguna manera en la práctica concreta del aborto? ¿Se puede atribuir a estas normas una incidencia directa en la no ocurrencia de muertes por esa causa?

–A la primera y tercera preguntas diría que no: la consulta de asesoramiento no se cumple en la mayoría de los centros de atención del país y, de acuerdo con diferentes investigaciones, el conocimiento que tienen las mujeres que concurren a los centros de atención de salud sobre la existencia de esos servicios es prácticamente inexistente. No lo conocen ni utilizan, salvo en una proporción mínima. Los promotores y animadores de esa propuesta (Iniciativas Sanitarias) informan sobre la existencia de alrededor de 2 mil consultas anuales, lo cual representaría alrededor de 6 por ciento de las mujeres que abortarían anualmente, en caso de mantenerse los valores estimados por nosotros para el año 2000 (33 mil). Sin embargo, hay evidencia de la importancia que ha tenido este conjunto de normas sanitarias, y especialmente los discursos que las fundamentaron, en la generación de un escenario público y privado más amigable y habilitante para la gestión de los abortos por parte de las propias mujeres. Hay evidencia (surgida de la investigación) del efecto multiplicador que tienen las redes femeninas (informales e inestables) donde circula la información sobre cómo abortar, tomando como base los discursos públicos que tienen como centro el misoprostol, ya sea para legitimarlo o para informar sobre el modo de su uso. Es muy frecuente que cada mujer que concurre a un centro de atención de salud sea replicadora de una experiencia exitosa (en caso de haberla tenido).

Sabemos que el miedo a veces es el mayor escollo. ¿Puede usarse el misoprostol sin asesoría médica?

–Las mujeres lo usan sin asesoría médica directa y obtienen buenos resultados. ¿Es esto lo ideal? Supongo que no. Pero el problema hoy por hoy no es la falta de asesoría que se puede obtener entre pares, de Internet, de líneas telefónicas como las que hay en la Argentina o, en el caso óptimo, en los servicios adecuados en los centros de salud; el problema es el acceso en forma oportuna. Y ésta es la gran limitación que se mantiene en Uruguay, ya que los servicios de salud, aun los más comprometidos con este tema, mantienen una conducta estrictamente apegada a la letra de la norma: no prescriben, ni mucho menos recetan, algunas veces informan acerca de dónde puede obtenerse el fármaco (en circuitos marginales) y no pocas veces han denunciado a las y los proveedores de esos circuitos... Por eso hablamos de un proceso, tampoco es que tengamos nada totalmente resuelto.

¿Hay alguna idea de poner, sin intermediarios, esa información al alcance de las mujeres que la necesitan?

–Conozco algunas prácticas de grupos muy informales, pero eficientes... naturalmente con alcances limitados y un margen de riesgo para quienes lo integran bastante desproporcionado a los resultados. No conozco otras iniciativas de mayor proyección. Es una lástima, porque el nivel de legitimidad que adquirió este asunto habilitaría ser más audaces. Creo que nos juega en contra ser una sociedad muy amortiguadora de los conflictos... Obvio que siempre sobre el pellejo de quien tiene menos poder; en este caso, la mujer en situación de aborto.

¿Qué pasa con la venta clandestina, por ejemplo por Internet? ¿Qué riesgos existen?

–Supongo que el riesgo de estafa es el más importante. Que conlleva un riesgo de salud, para el caso de que el fármaco estuviera adulterado... No conozco casos y creo que no son muy probables, ya que la Internet constituye esencialmente un sistema de confianzas mutuas que, si se rompe, rápidamente se producen los efectos de castigo. En cualquier caso, el aborto clandestino siempre es una situación de riesgo para la mujer, y las mujeres administran esos riesgos, que están en conflicto con el otro gran riesgo... ser madres forzadas, si no pueden abortar.

¿Cómo se encuadra el uso de misoprostol dentro la legislación uruguaya?

–Es un medicamento cuyo uso está limitado. A nivel intrahospitalario para uso obstétrico, hay un protocolo muy exigente de responsabilidades funcionales. A nivel comunitario, sólo se puede entregar con receta. Pero se consigue y funciona.

DE ESTE LADO DEL CHARCO

Además de la puesta en conjunto de las experiencias uruguayas, el grupo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto de la Argentina, por intermedio de la vocera Verónica Marzano, recordó que las claves para que sea seguro el uso de misoprostol en casa para abortar son: 1) Que sólo es seguro para un aborto fuera del hospital durante el primer trimestre de embarazo; luego, la mujer debe estar internada para que el aborto sea seguro. 2) Que tenga acceso a tiempo al medicamento. “Las restricciones para el acceso al medicamento en la Argentina pasan por su alto precio y su no disponibilidad en los programas estatales de medicamentos gratuitos. Si una mujer quiere abortar desde la semana 9 de embarazo en adelante, cada semana que pasa aumentan los riesgos para su salud. Mejorar el acceso al misoprostol para que las mujeres accedamos a tiempo es una gran deuda en la política pública de acceso a la salud de las mujeres.” En cuanto a la atención post-aborto, se recomienda una consulta médica simple para confirmar que todo esté bien, y que haya amplia disponibilidad de servicios de urgencia por si se presentan complicaciones.

“Es indispensable implementar el enfoque de derechos humanos en la atención de salud de las mujeres, dar una respuesta de salud adecuada al hecho de que las mujeres abortamos de manera clandestina por lo menos dos veces a lo largo de nuestra vida. Esta es al principal conclusión de una encuesta respondida desde febrero hasta abril de este año por 291 médicas/os de atención primaria de la salud de 19 provincias. A partir de esto se creó la Red Contra el Aborto Inseguro en la Argentina, que trabaja para garantizar la confidencialidad de la consulta médica y la calidad de la atención, pero también y fundamentalmente para que la consulta por aborto sea oportuna”, remarcó Marzano a este medio y subrayó que, en varios sectores de atención pública, la confidencialidad no existe y que, por lo tanto, “afecta principal y desproporcionadamente a las mujeres indigentes y pobres”. Sin embargo, en la región, alrededor del 90 por ciento de las denuncias contra mujeres que abortan de manera ilegal son hechas por médicos de hospitales públicos que violan el secreto profesional.

DATOS NECESARIOS

La línea Aborto, más información, menos riesgos (011 15 66 64 7070), brinda información de fuentes médicas, legales y sociales trabajada desde el enfoque de derechos humanos y la educación entre pares.

Según la OMS, la Flasog y autoridades de salud de la Argentina, el misoprostol previene la mortalidad y las complicaciones por abortos ilegales inseguros. La receta o indicación médica de un medicamento depende del diagnóstico en el caso concreto, y es siempre legal si hay evidencia científica válida y experiencia práctica que avale la indicación. Con el misoprostol, la que hace el aborto es la mujer. Las acciones anteriores de informar y recetar para evitar los riesgos del acceso tardío, y de atender desde que el aborto ya está en curso y/o después, son legales y parten de la responsabilidad médica por la prevención del aborto inseguro. En la Argentina, el marco legal vigente permite a l@s médic@s incorporar ampliamente al misoprostol en múltiples intervenciones de bajo costo, respetuosas del Código Penal y la Constitución de la Nación, para cumplir las obligaciones éticas, técnicas y legales de garantizar acceso confidencial a métodos de aborto seguro, sin discriminación.

El misoprostol se vende bajo receta archivada, manuscrita y fechada por el/la médic@. No se necesitan duplicados, ni formularios especiales. Con la receta, la farmacia está obligada a vender el misoprostol; las mujeres acceden a descuentos de entre un 20 y un 70 por ciento por obra social y/o recetario solidario.

El misoprostol no integra el programa Remediar, ni el de salud sexual y reproductiva, lo que permitiría a las mujeres acceder de manera gratuita en seis mil consultorios de atención primaria de la salud de todo el país. Los prospectos y la Anmat sólo dan guías de referencia sobre usos aprobados, pero no prohíben otras indicaciones dentro de las reglas técnicas y éticas de la medicina; a esto se lo llama “indicación legítima” de un medicamento, y es legal.

Tiempo Argentino - Viernes 4 de junio de 2010